jueves, julio 19, 2012

La Generalitat declara no urbanizable el sector Torre Negra

Sant Cugat

El interminable partido que juegan el Ayuntamiento de Sant Cugat y la promotora Núñez y Navarro, con la urbanización del sector Torre Negra como escenario, ha vuelto a quemar una nueva etapa. En esta ocasión, después de la última sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (que estimaba muchas de las alegaciones de la empresa constructora), le ha tocado el turno a la Generalitat de Catalunya.

Concretamente al Departament de Territori i Sostenibilitat, que ayer protagonizó el último episodio de esta historia: el gobierno catalán aprobó  la modificación del Pla General Metropolità en el sector Torre Negra. Lo hizo mediante la Comissió d’Urbanisme del ámbito metropolitano de Barcelona. Esta modificación supone, a grandes rasgos, el cambio en la clasificación de la mayor parte de los suelos del sector.

Así, el terreno de la zona  pasará de tener condición de suelo urbanizable no delimitado a contar con la de suelo no urbanizable. Las argumentaciones de la Generalitat al respecto se ciñen a un factor: ”Hacer coherente el crecimiento  del municipio bajo el concepto de desarrollo urbanístico sostenible”. Del mismo modo, desde este departamento subrayaron que lo que se pretende con esta medida es “potenciar el espacio agroforestal con el que cuenta Torre Negra”.
La modificación en cuestión viene aprobada, curiosamente, por el Departament de Territori i Sostenibilidad, cartera cuya titularidad pertenece a Lluís Recoder, ex alcalde de Sant Cugat y, a la sazón, una de las personas que más luchó contra el planteamiento urbanístico de la constructora Núñez y Navarro durante los años en los que ocupaba el cargo de primer edil en el municipio vallesano.

La nota publicada desde el departamento concluye explicando que “con este trámite finaliza el proceso llevado a cabo por la Generalitat, que tenía como objetivo final la protección definitiva del sector”.

EN DESACUERDO

Desde la promotora, no obstante, no están conformes con la decisión adoptada por el gobierno autonómica. La empresa esgrime la última sentencia del TSJCpara defender su postura. Y es que ambas partes siguen muy lejos de llegar a acuerdos. Los últimos tres meses han resultado fundamentales en el desarrollo del conflicto. El 21 de mayo, el pleno de Sant Cugat aprobó (con el único voto a favor de CiU y la abstención del resto de formaciones) declarar el sector como espacio no urbanizable. No obstante, el TSJC estimó el recurso presentado por Núñez y Navarro a finales de junio mediante un contencioso administrativo. La sentencia apuntaba que los argumentos expuestos por el Consistorio no resultan válidos por ser disconformes a derecho. La sentencia también supuso una guerra de interpretaciones que aún no ha podido dilucidarse.

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