Compromiso político para facilitar el acceso a la vivienda

Ante el incesante aumento de los desahucios

Una vez reconocida la “pandemia social” en que se han convertido los desahucios, en palabras del portavoz de ICV-EUiA, Manel Pérez, los cuatro grupos municipales del Consistorio ha conseguido ponerse de acuerdo en las estrategias a seguir para frenar esta situación y garantizar el derecho a una vivienda asequible.

PSC, CiU, PP e ICV-EUiA remarcaron el valor político del documento aprobado el jueves por unanimidad en un pleno monográfico sobre políticas de vivienda. Un pacto responsable, un ejemplo de que en política se puede trabajar apartando los partidismos o un acuerdo que debe hacer que el ciudadano confíe más en sus representantes. Éstas fueron sólo algunas de las reflexiones que lanzaron el jueves los concejales, que insistieron en la necesidad de articular acuerdos en torno a uno de los problemas, el de la pérdida de la vivienda, más graves derivado de la crisis económica.

La moción, que resume las tres resoluciones presentadas por CiU (el grupo que solicitó la celebración de este pleno extraordinario), incorpora algunas novedades, pero los acuerdos más relevantes suponen insistir en líneas de trabajo que ya se están llevando a cabo. Algunas, con escasos resultados, como la infructuosa negociación con los bancos para que cedan parte de su stock de pisos en alquiler social.

el peso de la deuda

En uno de los temas  más destacados, CiU tuvo que rebajar sus pretensiones iniciales. Los nacionalistas pedían que en las negociaciones de refinanciación de la deuda hipotecaria que tiene Habitatge Terrassa se presionase a los bancos para que aplicasen una quita o que se intercambiase deuda por la participación de dichas entidades en la empresa municipal.

Finalmente, el texto aprobado contempla “acordar una refinanciación de Habitatge Terrassa con las entidades financieras con el objetivo de rebajar la deuda” (que asciende a unos 90 millones de euros). Sin embargo no se concreta de qué manera se alcanzará dicho objetivo; un aspecto que los concejales dejan para discutir directamente con los bancos. La concejal de Vivienda, Lluïsa Melgares, recordó que desde hace meses la empresa está realizando operaciones de refinanciación como reconvertir las pólizas de crédito en préstamos a largo plazo.

Si bien en los acuerdos no se recoge, la exposición de motivos de la propuesta, como subrayó el líder de CiU, Josep Rull, sí remarca la conveniencia de alcanzar acuerdos con los bancos porque “podría pasar que Habitatge Terrassa optase por buscar esta refinanciación por la vía judicial a través de un proceso concursal; algo que no interesa a las entidades financieras”. La refinanciación de la deuda es capital porque, como todos los grupos subrayaron, la empresa municipal tiene ahora mismo “poco margen de maniobra” para reconvertir los pisos que posee en alquiler social debido a la “carga financiera” que arrastra. A pesar de las limitaciones, Melgares explicó que más del 50% de los 1.053 inmuebles de protección oficial construidos por el Ayuntamiento entre 2005 y 2010 están puestos en alquiler; en concreto, dijo, hay 766 pisos de protección oficial arrendados.

Paralelamente a las negociaciones sobre la financiación de la sociedad, el pacto por la vivienda también contempla que, una vez rebajada la deuda, “se acordará con las entidades bancarias la creación de instrumentos de colaboración para garantizar el alquiler social de aquellos pisos que tienen vacíos”. Cabe recordar que el equipo de gobierno lleva alrededor de un año tratando de conseguir esto mismo sin que se haya logrado avanzar demasiado.

El portavoz de ICV-EUiA, Manel Pérez, recordó, precisamente que algunas de las medidas acordadas en el pleno de mayo (como solicitar al Gobierno que pueda penalizarse fiscalmente a los propietarios de pisos vacíos) iban encaminadas a presionar a los bancos para que pongan en alquiler sus inmuebles porque, hasta ahora, de forma voluntaria no han conseguido arrancarles ningún compromiso.


El edil ecosocialista señaló que sólo con el pacto adquirido por la administración local no será posible dar una solución a las personas desahuciadas o a las que están a punto de perder su vivienda: “Es necesario que se aborden cambios legislativos en el Parlament y en el Congreso para afrontar las consecuencias de los desahucios”, reclamó.