miércoles, julio 25, 2012

El desalojo del bloque de Unnim puede llegar en cualquier moment

La entidad bancaria reitera que no negociará con los ocupantes

Del 11 al 31 de agosto. Este es el nuevo plazo dado por el juez para desalojar a Teresa y David, una de las cinco familias que residen de forma ilegal en el bloque que Unnim posee en La Cogullada. Tras el primer intento fallido de desalojo, el pasado 10 de julio, los juzgados han decretado fecha abierta: dentro de estos 20 días pueden acudir a echar a la familia en cualquier momento.

La sorpresa de Teresa y David, así como de los abogados que asesoran a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Terrassa, ha sido mayúscula ya que el día del desalojo frustrado la comisión judicial les notificó “de palabra” que al cabo de 20 días se  fijaría la fecha de desalojo, pero “no nos dijeron que el plazo para echarnos empezaba el día siguiente”, explica David. Este egarense, que hace casi un  año que vive junto a su pareja en uno de los cinco pisos del edificio, y la PAH denuncian falta de transparencia por parte de los juzgados ya que no fue hasta que llegó la resolución judicial cuando supieron del plazo exacto para ejecutar el desalojo. Ahora, comenta David, viven “con el corazón en un puño” porque “pueden venir en cualquier momento”.

David también se queja de la actuación de los Mossos d’Esquadra. Asegura que al día siguiente al intento de desalojo, se personó en el edifico una pareja de agentes para conminar a abandonar el inmueble. “Me siento amenazado. No pueden presionarlos de esta forma sin ni siquiera venir con una orden judicial. Buscan meternos miedo”, denuncia.

La PAH alerta de que el problema de las personas que se han quedado sin vivienda no se soluciona dejándoles de nuevo en la calle. “Opondremos resistencia pacífica, como hasta ahora, pero si les echan, ya veremos cómo actuamos después”, explica Xavier Martínez, miembro de la PAH.  

“mala fe procesal”

La Plataforma espera que los recursos interpuestos contra Unnim den resultado antes de que se produzca el desalojo, aunque critican que el juzgado todavía no les ha notificado si los admite. Tanto para el caso de Teresa y David, como para el de otras dos familias que residen en el inmueble, los abogados de la PAH han formulado un escrito en el que instan al juez a que obligue a Unnim a ejecutar el pacto de negociación.

Los abogados recuerdan que, después de que Unnim denunciar a los ocupantes del inmueble por usurpación de la propiedad privada, se llegó a un acuerdo, auspiciado por los propios juzgados, por el que la entidad bancaria se compromete a negociar un alquiler social para tres de las cinco familias. Hasta el momento, tanto la PAH como el Ayuntamiento –que se ofreció para intermediar– afirman que Unnim no ha iniciado las negociaciones. Los letrados de la PAH entienden que ha habido “mala fe procesal” ya que “Unnim nunca ha tenido intención de cumplir con los términos del acuerdo” y han solicitado al juez que paralice los desahucios hasta que la caja se siente a dialogar.

Desde Unnim insisten, como ya hicieran los días previos al desalojo, en que no tienen intención de pactar: “Entendemos que no podemos negociar desde la base de una posición de fuerza como es una ocupación ilegal”, señalan fuentes de la entidad bancaria, que explican que el caso está en vía judicial y que seguirán el proceso legal pertinente.

A pesar de esta negativa, miembros del equipo de gobierno han vuelto a ponerse en contacto con Unnim para ofrecerse como intermediadores de este hipotético diálogo. Tanto el teniente de alcalde de Servicios a las Personas, Cohesión y Bienestar Social, Manel Pérez, como la concejal de Vivienda, Lluïsa Melgares, insisten en que la mejor solución sería “pactar un alquiler social en esos mismos pisos o en otros inmuebles vacíos que posee la entidad bancaria”.

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