sábado, junio 30, 2012

El bipartito pide cambiar la ley para poder cobrar el IBI a la Iglesia

En fincas no dedicadas al culto ni a actividades sociales  El Ayuntamiento analizará el impacto        que la exención impositiva a las confesiones religiosas tiene en las arcas municipales

El pleno se mostró el jueves a favor de cobrar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) a la Iglesia católica y a otras confesiones religiosas. Los votos de PSC e ICV-EUiA permitieron aprobar una moción, a instancias de los rojiverdes, para solicitar al Congreso que acabe con la exención del impuesto de que goza la Iglesia. Los dos grupos de la oposición, CiU y PP, votaron en contra de la propuesta al considerar que era “demagógica” y atacaba a la iglesia católica.


Manel Pérez, teniente de alcalde y portavoz de ICV-EUiA, explicó que la moción se basa en la premisa de que “en estos momentos de dificultades y reducción de ingresos para las administraciones, con recortes en servicios básicos, todo el mundo debe contribuir y no sólo los de siempre”.  Pérez expuso los privilegios de que goza la Iglesia, “que no paga IVA, ni impuesto de sociedades, ni de construcciones, ni IBI” y pidió “acabar con el paraíso fiscal que algunas instituciones tienen en este país”. 

A través de la propuesta aprobada, el Ayuntamiento pedirá al Congreso de los Diputados que suprima a partir de 2013 la exención del IBI a la iglesia católica y a otras confesiones religiosas en aquellos inmuebles que no se dediquen al culto ni a actividades sociales, como por ejemplo sería el caso del edificio que sirve de sede al Bisbat d’Egara, en la calle de Vinyals. El concejal socialista Alfredo Vega aseguró que la moción es “justa y solidaria” porque “la titularidad de un equipamiento no da derecho a una exención fiscal; más aún en un momento de tantas dificultades”.

Paralelamente a esta petición, el Consistorio también se comprometió a elaborar un censo de todos los bienes inmuebles registrados a nombre de la iglesia católica y de otras confesiones en Terrassa para conocer el coste que la exención fiscal supone para las arcas municipales. Además, se acordó aplicar “si procede” las tasas locales a dichos equipamientos “en igualdad de condiciones con el resto de contribuyentes”. 

¿y los partidos políticos?

CiU y PP recriminaron al bipartito que la moción no incluyera a los partidos políticos ni a los sindicatos, dos de las instituciones que tampoco pagan IBI. Es “demagógica”, protestó Gabriel Turmo, líder del PP, quien aseguró que la propuesta “está formulada contra la iglesia católica” porque “cuestiona la importante labor que hace la Iglesia a favor de las personas con más necesidades”. La acusación fue plenamente compartida por Antoni Perarnau, quien subrayó que la moción  está “viciada de origen” porque “sólo hace referencia a la iglesia”, y defendió que las “actividades sociales y asistenciales deben tener un trato igualitario, ya las promueva la iglesia católica, otras  confesiones o entidades sin ánimo de lucro”.

A pesar de las discrepancias, ésta no fue la moción que mayor crispación política generó. Donde el bipartito y la oposición se enzarzaron en una agria discusión, que se trasladó en tiempo real a las redes sociales, fue al debatir el impacto de los recortes en materia sanitaria sobre las personas mayores; una iniciativa surgida del Consejo Municipal de la Tercera Edad y llevada al pleno por el equipo de gobierno, que aprobó en solitario la propuesta de rechazo al copago.
La polémica la protagonizaron, principalmente, Teresa Casals, la edil socialista responsable de la concejalía de la Tercera Edad, y Josep Rull, líder de CiU. Casals acusó a populares y nacionalistas de “desmantelar el sistema sanitario” tomando la crisis como “excusa”. La gente mayor, dijo, “es la que más necesita la asistencia sanitaria”, que se ha ganado “después de 35 o 40 años cotizando” y, en cambio, será uno de los colectivos “que más sufra” el impacto de los recortes. Casals explicó que con pensiones de 300 euros, muchas de estas personas mantienen a sus hijos y nietos, y que la implantación del euro por receta y el copago farmacéutico “podría provocar que algunos dejasen de ir al médico”. 

Rull calificó la intervención de Casals como “absolutamente impresentable”, “demagógica” y “simplista”, entre otros adjetivos. El líder de CiU, que insistió en el agujero financiero de la Generalitat por culpa de la gestión “inadecuada” del tripartito, reclamó un debate “serio” y alejado de “actitudes sectarias” sobre esta cuestión en el seno del Consejo Municipal de la Tercera Edad. Precisamente, una docena de miembros de este órgano siguieron el debate en el pleno con pancartas que rezaban “No al euro por recta” o “La gente mayor ya hemos pagado la sanidad. No al repago”.  

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